LA CORRUPCION EN MURCIA

La corrupción en Murcia y aquello de “la manzana podrida…” (II)
¿Rajoy se equivoca o miente?: “Treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la región han sido archivados”

CECILIA GUZMÁN

Mariano Rajoy ha asegurado que “treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la región de Murcia contra militantes populares han sido archivados”. ¿El líder de la oposición vive de espaldas a la realidad de su partido o miente deliberadamente? ¿Es esta la prueba que puede ofrecer sobre la supuesta persecución por parte de los que calificó como “Torquemadas de Zapatero”. No son 40 los sumarios abiertos en esa Comunidad contra militantes del PP, ni, 38 las actuaciones archivadas. Además, los casos más importantes de presunta corrupción destapados por la Fiscalía continúan siendo investigados.
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Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. A esto se suman las causas que implican al gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel Siso.




En la foto, Mariano Rajoy, Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Totana, José Martínez Andreo.


Estos son algunos de los casos de corrupción investigados por los tribunales en Murcia, según fuentes consultadas por Público, Interviu y la web La Sombra de Aznar:

Televisión Autonómica
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM).El empresario Facundo Armero [fundador de Polaris World], que aparece imputado en el caso de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.

La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción ha visto indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita, por parte del Gobierno autonómico, de una balsa de acopio de minerales contaminantes a la empresa Portman Golf, cuya limpieza luego se realizó con dinero público y a un coste de 5,4 millones de euros. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, miembros del Equipo del presidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones en terrenos protegidos. La primera, en el paraje de Lo Poyo, cuyo fin era la construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad en un 15% de la Caja del Mediterráneo, y que planeaba construir una urbanización en un paraje protegido por la Unión Europa como zona de protección de aves.

Abanilla
Varios cargos populares han sido imputados tras la acusación de una propia concejala del PP, María Dolores García, de haber comprado votos en las elecciones locales, con empleos municipales y vales de comida. Además, el concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Blasco, el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López, han sido acusados de falsedad documental en contratos de obras.

Aguilas, caso La Zerrichera
Diez personas implicadas en la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, entre ellas los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad murciana, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Aguilas, Juan Ramírez, el ex concejal de Agricultura y Pesca, José López Díaz, y el empresario Trinitario Casanova Abadía.

Fuente Álamo y Torre Pacheco
Catorce imputados, incluidos los alcaldes, María Antonia Conesa, y Daniel García Madrid, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. También está implicado el fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de esa empresa, José Luis Hernández.

Los Alcázares, caso Ninette
Catorce imputados y seis detenidos, entre ellos el arquitecto Mariano Ayuso, que permanece en la cárcel, y el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Entre los que tuvieron que declarar, Juan Antonio Roca. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento, por el que la sociedad pagó 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas.

Cieza
El alcalde popular Antonio Tamayo acusado por una presunta recalificación de 270 hectáreas de suelo rústico, en la cual favorecía a su nuera y a otros familiares, para la construcción de unas 5.000 viviendas.

Mazarrón
El alcalde, Francisco Blaya, imputado por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista para que apoyaran al equipo de Gobierno popular en la recalificación de suelo rústico.

Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

San Javier El ex regidor popular José Hernández Sánchez está siendo investigado por presuntas adjudicaciones a dos promotores, socios suyos en la empresa Nueva Valencia al Mal, S.L, en la que figura como consejero Antonio Sánchez Carrillo, dirigente del PP murciano. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.

Puerto Lumbreras
El alcalde popular, y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, está acusado de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.