Quien hace la ley hace la trampa. El Gobierno ya ha diseñado el método para iniciar el despido masivo de empleados públicos. Si la norma actual permitía los despidos tras tres trimestres de "insuficiencia presupuestaria", la nueva lo hará si se reducen las transferencias que se hacen a comunidades y ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en organismos, entidades o empresas públicas. El Gobierno podrá así facilitar unilateralmente los despidos que tanto ansía para cuadrar sus cuentas
La reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular ya había facilitado esos despidos bajo el paraguas de la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para aligerar la plantilla de funcionarios. Con el nuevo reglamento de los ERE, ha fijado que sea suficiente para despedir una reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en organismos, entidades o empresas públicas.
En la medida de que el propio Gobierno es el que decide las cantidades asignadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, el deseado adelgazamiento de la plantilla de empleados en administraciones y empresas públicas será un hecho consumado, a más tardar, cuando entren en vigor los próximos presupuestos. La causa establecida por el Ejecutivo de que baste la reducción en un 10% en el presupuesto a las comunidades, ayuntamientos o empresas públicas para que puedan efectuarse despidos masivos podría afectar a los 700.000 empleados contratados por las Administraciones, según el Ministerio de Administraciones Públicas y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público, cifrados en más 140.000 personas.
La decisión del Gobierno de mejorar las cifras de déficit cargando la reducción sobre los asalariados y trabajadores públicos, al tiempo que renuncia a establecer nuevos impuesto sobre las rentas de capital o sobre las grandes fortunas, augura unos próximos meses de intensa conflictividad social. A la subida del IRPF y del IVA, el gobierno ya ha buscado en el bolsillo de funcionarios y empleados públicos con medidas como la supresión de su paga extra, la eliminación de los días de libre disposición, la reducción de créditos y permisos sindicales, la modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones durante la situación de incapacidad temporal y la congelación de oferta de empleo público. A todas estas medidas hay que añadir la reducción de las prestaciones por desempleo y el previsible fin, a partir del próximo día 15, del plan PREPARA, que dejará sin el mínimo ingreso de 420 euros a miles de trabajadores sin empleo, y que se entienden como medidas preventivas ante el evidente aumento del paro que la nueva norma sobre Expedientes de Regulación de Empleo supondrá cuando el Gobierno limite los presupuestos de administraciones y empresas públicas.
El Gobierno, que se muestra absolutamente incapaz de generar crecimiento de la economía y un horizonte de creación de puestos de trabajo, opta así por reducir el gasto público, aunque ello suponga más paro y más pobreza generalizada en nuestro país. La derecha sólo parece entender de reducción del gasto. Del que ella gestiona, porque con las medidas que ha venido aprobando desde su llegada a La Moncloa, no ha hecho más que aumentar el de las familias, vía impuestos directos e indirectos y tasas, y sin que ello suponga aumento del consumo, lo que, indefectiblemente, llevará a nuestro país a ahondar en la crisis económica y en la recesión durante tiempo indefinido.
Probablemente, y sabiendo las consecuencias de sus decisiones, Rajoy ya piensa en el rescate, lo que pondrá, de facto, la gestión de España en manos de la Unión Europea, descargando así de responsabilidades al presidente, y justificando el modelo neocon que siempre ha sido el objetivo del PP.
PERICO ECHEVARRÍA.
