PP y PSOE han protagonizado esta semana un nuevo bochorno democrático repartiéndose las vacantes del Tribunal Constitucional para asignarlas a personas de su absoluta confianza. De los cuatro nuevos magistrados designados para integrar el alto tribunal, sólo uno de ellos, Juan José González Rivas propuesto por el Partido Popular, pertenece a la carrera judicial en su condición de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los demás son "juristas de reconocido prestigio", según el eufemismo clásico que caracteriza a la más rancia tradición de un órgano envilecido por las continuas injerencias de los partidos mayoritarios.
Con la reforma de la Justicia aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1985, los dos grandes partidos pasaron a repartirse también el cupo que la Constitución reservaba para su elección por miembros de la carrera judicial española, situación que perdura hasta hoy sin que ningún gobierno posterior haya puesto fin a esta perversión del espíritu de la Carta Magna, que convierte al más alto tribunal en un negociado más de la clase política para validar sus enjuagues.
De hecho la situación actual es peor, pues a esa ilegitimidad de origen antes descrita el TC suma ahora también la de su mero ejercicio, habiéndose convertido de facto en un tribunal de casación que, sin tener atribuciones para ello, se atreve a desmontar las sentencias dictadas por el Supremo, como ha ocurrido con las que recientemente han legalizado a las sucesivas marcas políticas de la banda terrorista ETA.
Con la desvergüenza política que los caracteriza, PP y PSOE han ofrecido estos días un nuevo argumento para suprimir el Constitucional tal y como algunas voces autorizadas dentro del Partido Popular reclaman ya abiertamente. El Estado de Derecho en un régimen de libertades tiene como principal exigencia la independencia de la Justicia como garantía de los derechos de todos los ciudadanos. El órgano jurisdiccional que ha de dictaminar sobre los recursos de la sociedad civil contra los abusos políticos haciendo una interpretación ecuánime de la Constitución, es precisamente el primero que ha de acreditar su absoluta independencia de esos mismos partidos contra los que deberá fallar en el ejercicio de sus funciones. No ocurre así en España sino más bien al contrario, con un Tribunal Constitucional que no es más que el triste remedo de unas organizaciones políticas que han acabado con la separación de poderes que da sentido a un sistema democrático.
Puesto que PP y PSOE han demostrado ya sobradamente su intención de mantener al TC como una terminal más de sus acuerdos privados, no hay más solución que exigir su cierre inmediato o, como mal menor, su conversión en una sala más del Supremo. La justicia siempre funcionará mejor con jueces profesionales con años de ejercicio que con estos "juristas de prestigio", cuya única fidelidad se reduce a los mandatos del partido que los ha colocado.
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