La Comisión Europea parece dispuesta a actualizar la legislación en materia de protección de datos para adaptarla a la nueva realidad planteada en los últimos años por Internet. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, anunció ayer la apertura del plazo de consultas sobre una nueva regulación que garantice la confidencialidad de los datos personales de los usuarios de redes sociales y devuelva a éstos el control sobre la información que publican en la Red. Esta norma permitirá, siempre según Reding:
El derecho al olvido, o prerrogativa del usuario a hacer desaparecer su rastro digital en la Red. Y que este borrado pueda hacerse muy fácilmente, sin complicaciones técnicas.
Que los usuarios pueda migrar sus datos de un servicio a otro, una portabilidad de datos les permitiría, por ejemplo, mover sus fotos desde Flickr a Picasa, incluso sin tener extensos conocimientos informáticos.
Por último, la ley intentará dar más control a los usuarios de la red sobre los sistemas de publicidad dirigida, que recopilan datos de navegación y consumo para mostrar anuncios personalizados.
El anuncio se hace 15 años después de la entrada en vigor de la directiva europea de protección de datos (1995) y ocho después de la actualización (2002) de la directiva de tratamiento automatizado de datos (1997). Unos plazos exagerados en términos de desarrollo tecnológico y que tendrían su equivalente social en una directiva que regulara, ahora, el uso de automóviles, o cualquier otra práctica que llevará décadas implantada en la sociedad.
Este retraso suele ser habitual en la legislación -que siempre se ha dicho que va por detrás de la realidad social-, pero es especialmente sangrante en el plano tecnológico, al permitir numerosas vulneraciones del derecho a la intimidad recogido en la carta de derechos fundamentales de la UE. Es el caso de millones de usuarios que se encuentran sus datos personales en manos de terceros o que no pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, por ejemplo.
Aunque tarde, la Comisión hace bien en preocuparse. La confianza es un valor imprescindible para que la Red se convierta en uno de los motores del desarrollo social y económico en la Unión Europea, y hay motivos más que suficientes para creer que la falta de rigor de algunos países o incluso los diferentes raseros de los países miembros están arruinando esta confianza.
La Comisión debería educar a la ciudadanía en los riesgos de la cesión de sus datos personales, exigir más prevención a los prestadores y no confiar en la autorregulación del sector, tomando una postura activa y contundente en el mercado. Por último, debería procurar que la legislación no vaya 15 años después de la tecnología, porque muchos de los problemas actuales se explican por las servicios creados hace sólo uno o dos años. Proteger la intimidad de los usuarios en Internet no sólo supone salvaguardar sus derechos sino la esencia misma de unas identidades virtuales que cada vez tienen más relevancia en sus vidas.
