La acusación va dirigida contra el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, de quien afirman que pretende “cambiar las normas del partido cuando está a punto de acabar”. La CEOE ha vuelto a poner sobre la mesa la reforma laboral.
UGT y Comisiones Obreras lanzaron este jueves duras críticas dirigidas contra el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a quien acusan de “falta de credibilidad”, después de que la patronal remitiera un nuevo borrador donde eleva sus pretensiones en la mesa del Diálogo Social, lo que, según los sindicatos, supone que los empresarios han roto “unilateralmente” el marco de negociación de los últimos dos meses. En el nuevo borrador, la patronal insiste en pedir al Gobierno una rebaja de las cotizaciones y emplaza al Ejecutivo a negociar en septiembre una reforma laboral.
UGT y CCOO consideran que CEOE “no ha respetado, ni en la forma ni en el fondo, el principio de lealtad que todo proceso de negociación supone para las partes”. Ambos sindicatos critican la “descarada pretensión de reabrir toda la negociación” por parte de la patronal, tras la presentación hoy de un nuevo borrador de 16 páginas que recogen las demandas de la patronal. En opinión de los sindicatos, la patronal presentó “una enmienda a la totalidad al documento sobre el que se había venido trabajando”.
Además, los sindicatos critican el momento elegido por la patronal para dar un giro de timón al proceso negociador. “Todo ello se hace a 24 de julio cuando había un compromiso expreso de intentar un acuerdo antes de que finalizase el presente mes”, aseveran.
UGT y Comisiones Obreras consideran que “ante la falta de credibilidad del Presidente de CEOE no se dan las condiciones para mantener, en el día de hoy, ningún tipo de encuentro”. Por último, entienden que “el representante de la patronal española rompe unilateralmente la presente etapa del diálogo social”, según concluye el comunicado.
Por su parte, CEOE defendió hoy jueves que existe margen para rebajar las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social, y pidió una rebaja superior a los 15.300 millones de euros, una cifra que “podría suponer para el conjunto del Estado un ahorro” en virtud del empleo que la rebaja generaría, en opinión de la patronal. Asimismo, pidió al Gobierno “la adopción de decisiones”, en especial en lo relativo a la reforma laboral, un asunto que debería abordarse en septiembre, aseveró.
La patronal asegura que las arcas públicas podrían disponer de más 15.300 millones de euros para asumir una rebaja de las cotizaciones por contingencias comunes de cinco puntos (2.500 millones por punto) y propone abrir una segunda fase de diálogo social desde el 1 de septiembre para abordar reformas estructurales, como la laboral.
Así se dispone en el documento de 16 páginas elaborado por la patronal para matizar el último borrador remitido por el Gobierno a la mesa del diálogo social, que podría servir para desatascar las negociaciones.
La CEOE asegura que el margen presupuestario podría obtenerse, entre otras fuentes, de los excedentes de las mutuas y de la dotación de Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Además, argumenta que la reducción de cotizaciones permitiría crear más empleo y mantenerlo, lo que sumado al ahorro en las prestaciones por desempleo, incluso "representaría para el conjunto del Estado un ahorro".
Por otro lado, el documento de la patronal propone iniciar una "segunda fase de negociación" de reformas estructurales a partir del próximo 1 de septiembre, que abarquen la contratación, la flexibilidad interna de las empresas, la revisión de la negociación colectiva, la fiscalidad o el modelo energético.
A corto plazo, la CEOE aboga por "respaldar las decisiones que se tomen para hacer competitivas a corto plazo a las empresas y que esencialmente tienen un enfoque de reducción de costes", lo que, a su juicio, "es compatible con atender a las necesidades de protección social".
En este sentido, consideran necesario "afrontar la protección a las personas desempleadas más vulnerables" a través del subsidio de 420 euros mensuales.
Según CEOE, "no es realista que el Gobierno espere acuerdos en todas las decisiones de política económica y social, muy en particular en las que puedan implicar sacrificios", aunque afirma que “mantiene intacta su apuesta por el diálogo social”, incluso en este momento en que podría cerrarse el proceso de negociación sin acuerdo alguno.
"El acuerdo es deseable y debe perseguirse, pero no puede ser condición indispensable para la adopción de decisiones", sentenció.
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